Los ciudadanos pensamos con manifiesta ingenuidad que elegimos democráticamente a nuestros representantes políticos y que estos son una muestra de las personas de una cierta capacidad para resolver nuestros problemas colectivos. Es decir, que van a emplear el sentido común y sus capacidades para resolver problemas que nos afectan. O quizá que van a emplear los medios más razonables para empezar a solucionarlos, por mandato o intermediación de las estructuras civiles públicas y privadas. Veamos lo que ha ocurrido en el caso que exponemos.

Ningún partido político vasco ha establecido como un punto programático para negociar con otros partidos políticos la solución del affaire de la falsedad o veracidad de los óstraca romanos de la ciudad de Iruña-Veleia. Y eso a pesar de que esos objetos son una parte relevante de nuestra memoria colectiva como comunidad histórica, la prueba del uso de nuestra lengua en la escritura durante la Antigüedad. Y símbolos de primer orden de nuestra colectividad histórica. Ningún grupo humano a escala planetaria con un mínimo poder renunciaría a su Historia, como hacen los vascos por medio de sus indolentes representantes.

Todo esto en el contexto de la idea inculcada por la secular dominación de la intelligentsia española de que el idioma vasco es un idioma de segunda categoría (o de cuarta) por ser incapaz de expresarse por escrito y desde luego, más modernamente, por su inutilidad para expresar la ciencia. No negaría que nuestros científicos y académicos de diversas áreas del conocimiento no publican en castellano para superar el aldeanismo de nuestra lengua, ante la indiferencia total del mundo anglosajón. Que les aproveche.

Recordemos que esa falta de categoría de nuestro idioma se manifestaba en la prohibición de escribirlo desde la Baja Edad Media en documentos elaborados por los escribanos públicos. Eso sí, solución enmascarada con justificaciones de índole práctico cultural, como que es mejor que en el Imperio todos los súbditos hablen un solo idioma. En consecuencia, ¿no deberíamos todos hablar chino en este nuestro planeta Tierra? La postergación de la lengua incluía su prohibición en las tumbas, la de enseñarla, o incluso emplearla en los nombres propios (mi caso), como durante la no tan lejana dictadura genocida militar de cuarenta años del siglo XX.

Esta vieja idea españolista, de rancio nacionalismo español redivivo periódicamente, tiene su reflejo en la negación de la comunidad vasca como originaria de la Península Ibérica, que se manifiesta en artículos de algún afamado investigador alemán y de españoles inflados por su mítica procedencia indoeuropea (es decir, «aria»), e incluso de algunos patéticos investigadores vascos (? no sé si el apelativo está bien empleado, se pueden sentir insultados), desde el eco que proporcionan nuestras mismas instituciones conducidas por ineptos y renegados. Y también en las obras históricas de síntesis y de divulgación en las que asistimos a la recurrente idea de los iberos y celtas como etnias primigenias de la nación (española), como los galorromanos (sic, el palabro es un engendro patriotero) eran antecesores de los franceses y de los argelinos (que se enseñaba en las escuelas).

Pero hay que decirlo a los cuatro vientos: el affaire sigue vivo, a pesar de que moleste a ciertos círculos beneficiados precisamente con la solución parcial del mismo en la sentencia judicial de 2020. Recordémosla. La jueza expone que no hay pruebas de la culpabilidad del arqueólogo pero, partiendo de un informe de peritaje que la defensa rebatió, establece que existe una falsificación de una serie de óstraca, pero no de todos. Al arqueólogo se le declara culpable por ser el supuesto autor «intelectual» de unos hechos falsificatorios que carecen de autores y, por lo tanto, con los que no tiene ninguna relación. Tan exquisitos son los jueces españoles para exculpar a personas de alta condición porque no se puede demostrar con datos concretos su participación en los supuestos hechos delictivos (aunque sean sus beneficiarios directos) y en este caso bastan unos llamados «indicios probatorios» que se reducen a un informe de peritaje que carece de valor científico y que ha sido cabalmente contestado por múltiples investigadores. Y no siendo capaz la acusación de demostrar ningún beneficio para el inculpado procedente de tal falsificación, A esa sentencia inaudita se le llama condenar sin pruebas a un inocente.

Y esta condena se refiere solamente al 10% de los óstraca, quedando el 90% restante en la total indefinición. ¿Esta situación no merece que se resuelva el estatus del 90% de los óstraca? ¿No es un mandato que deben afrontar las administraciones públicas, es decir, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco mediante sus departamentos correspondientes? Eso sí, deben realizarlo sin tener en cuenta la valoración previa que puedan hacer esos servicios técnicos, que no son quiénes para decidir previamente sobre la falsedad o veracidad de los óstraca, sino simples medios para poner en práctica un verdadero proceso de autentificación mediante investigadores imparciales.

Los óstraca de Iruña-Veleia representan la memoria colectiva de los vascos. Son el reflejo de un periodo en el que múltiples idiomas nativos alrededor del Mar Mediterráneo se escribieron por influencia del fenicio, griego y latín, como todos los que rodeaban al vasco primitivo, es decir, el ibero, el celtíbero y el galo. De ese ambiente es también el epígrafe de Irulegi. Fue natural que en ese caldo de cultivo se escribiera primero en vasco primitivo (Irulegi) y luego en vasco latinizado (Iruña-Veleia).

Los políticos que se niegan a realizar estudios científicos y aplicarlos a los óstraca y que boicotean todos los esfuerzos para encontrar una salida al affaire por la vía del uso de la ciencia incumplen el mandato de los ciudadanos que los han elegido. También los que no han hecho ninguna acción práctica, mirando para otro lado en una indiferencia culpable, en una larga lista deplorable e injustificable. Todos son responsables de dejar en la ignorancia a sus conciudadanos y por eso serán conocidos y repudiados durante generaciones.

Todos ellos siguen además planteamientos perfectamente reconocibles cono pertenecientes al ámbito de los paranoicos y terraplanistas, aunque sean defendidos también por catedráticos de universidad. Es decir, negación del que piensa diferente (que se oculta, así como sus planteamientos), rechazo de una discusión pública (y por lo tanto del establecimiento de un procedimiento científico) y repudio de la aplicación de otras disciplinas científicas (basta con la filología). También se puede añadir el uso de la mentira y del insulto contra los que defendemos la veracidad de los óstraca, recurso tan de actualidad gracias a su uso generalizado por fuerzas reaccionarias variopintas. No se puede negar que están al día.

Hay que reconocer que la postura de esos académicos es expresión de la asunción de que era imposible escribir en vasco primitivo en época prerromana y romana. Esta es la única idea que articula el diagnóstico de falsedad, así de simple, una mera e infame interpretación pueril subjetiva. Todo lo demás, los miserables informes de la Comisión, es parafernalia barata de altos académicos, aunque sea la expresión de una supuesta Comisión cuya funcionamiento arbitrario ha sido denunciado por diversos investigadores. No se puede negar el éxito de lo irracional, vehiculado por una prensa cautiva incapaz de establecer una elemental visión crítica. Pero no de aprovechar las circunstancias para actuar contra el euskara, trasfondo evidente de esa actuación despreciable.

¿Estos defensores de la falsedad se atreverían a defender públicamente que su ciencia social particular, el supuesto mensaje anacrónico escrito, tiene más valor que estudios científicos que muestren que las capas carbonáticas están por encima de los trazos grabados y que, por lo tanto, los mensajes son antiguos? Porque hay una serie de restos materiales antiguos que modifican, rompen o cubren los mensajes grabados y que son prueba de la antigüedad de los epígrafes. Y que los difusores de la falsedad no quieren ver ni que los desvelemos ante la opinión pública.

Reclamo que la intelligentsia española defienda el euskara como patrimonio del estado español. Una lengua que ha dejado testimonios toponímicos en las comunidades de Cantabria, Rioja, Castilla y León y Aragón y que forma parte también de su memoria histórica, aunque renieguen de ello. No son muy originales, también los vascos lo hacen en este affaire.

Reclamo que las instituciones vascas realicen acciones proactivas para determinar la entidad del 90% de los óstraca exhumados por los investigadores de LURMEN, que siguen en el limbo cultural. Esto supone el encargo a empresas extranjeras tanto en la aplicación de estudios arqueométricos sobre esos óstraca como en la realización de excavaciones de arqueología forense en los ámbitos de la ciudad romana en los que se han exhumado con anterioridad óstraca con mensajes en vasco antiguo.

Reclamo que se anule un juicio injusto y que se exonere a una persona inocente, el arqueólogo investigador.

Reclamo que los estudios de autentificación del 90% de los óstraca los realice una institución que no sea ni española ni vasca, es decir, no viciada por ninguna ideología exclusivista.

Reclamo que nuestros políticos con su inacción dejen de promover la desesperación de sus conciudadanos.

Reclamo que nuestros políticos cumplan el mandato para el que han sido elegidos y cultiven el estudio y la difusión de nuestra memoria histórica. Que cumplan las leyes y que las hagan cumplir.

Reclamo que se resuelva el affaire de manera neutral, sin exclusiones ni diagnósticos previos.

Reclamo que lo hagan de una vez por todas y cuanto antes.

elexpuru